Multan a un sordomudo por usar el móvil conduciendo

En febrero del año pasado, en la carretera N-630, a medio camino entre Gerrafe de Torío y León, la Guardia Civil realiza una peligrosa maniobra para detener un vehículo particular. En el interior viajaba un hombre sordomudo que, debido a sus condiciones auditivas, no pudo comprender nada de lo que los agentes le decían.

Sí que se apercibió de que le estaban multando y trató de hacer comprender a los agentes que estaban cometiendo un error, pero habida cuenta de que sus facultades de comunicación están casi anuladas, no pudo replicar y solamente se cercioró de lo sucedido cuando le entregaron el boletín de notificación con la multa.

Le habían acusado de hablar por el móvil mientras conducía, una circunstancia que atribuyó a un error, esperando poder subsanarlo fácilmente. Nada más lejos de la realidad. Los agentes insistieron en que le habían visto “utilizando un móvil en el oído derecho y sujetándolo con la mano derecha”, motivo por el cual el recurso que presentó en septiembre de 2011 no llego a prosperar.

El carnet de conducir del sancionado demuestra que se trata de una persona con unas condiciones especiales de audición y comunicación. “Él ha pasado todos los controles que se exigen sin ningún problema y está en posesión de su carnet como cualquier ciudadano, porque lo que se ha hecho es adaptar el vehículo a sus circunstancias.

Pero se trata de una persona que pueda hacer una vida prácticamente normal en la carretera y que tiene un único problema: no oye, como hemos demostrado con los informes médicos de su otorrinolaringólogo y para hablar apenas emite unos pocos sonidos guturales “, asegura su cuidador (tiene una minusvalía del casi un 70% para expresarse y audición nula, por lo que necesita de ayuda para sus tareas diarias).

Tras abonar la multa, por temor a que le embargaran la cuenta, el afectado ha decidido acudir a la justicia ordinaria. Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, es el encargado de tramitar el recurso presentado contra la Dirección General de tráfico. El problema, lamenta el cuidador, es que “ahora vamos a tardar por lo menos dos años en poder demostrar el error”.

Vía: Diario de León