No subir el precio del diésel le ha costado a España 1.100 millones de euros

La Comisión Europea ha decidido recortar en 1.100 millones de euros el quinto pago de fondos del Plan de Recuperación asignado a España, al considerar que el país no ha cumplido dos compromisos fundamentales acordados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: la reforma fiscal del diésel y la compensación adecuada a funcionarios interinos afectados por la temporalidad.

Esta penalización se traduce en una reducción directa del desembolso que Bruselas debía efectuar tras la solicitud realizada por el Gobierno español en diciembre de 2023. Aunque el importe global solicitado ascendía a más de 25.000 millones de euros, finalmente el pago aprobado ha sido de 24.137 millones: 8.000 millones en forma de subvenciones y 16.000 millones en préstamos.

De los 1.100 millones recortados, 626 millones se corresponden con el incumplimiento relativo a la situación de los empleados públicos con contratos temporales. Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, España no ha adoptado medidas eficaces para corregir la elevada tasa de temporalidad en el empleo público, ni ha establecido un sistema de compensación adecuado para quienes han sufrido esta precariedad.

El fallo europeo contradice la valoración inicial positiva que la Comisión había hecho sobre las reformas introducidas por el Gobierno español. Sin embargo, tras el pronunciamiento judicial, Bruselas se ha visto obligada a rectificar su evaluación y suspender ese tramo del pago.

El segundo motivo del recorte afecta a una medida fiscal comprometida en el plan de recuperación: la equiparación impositiva del diésel con la gasolina. Esta reforma, incluida como parte del compromiso con una fiscalidad más verde y alineada con los objetivos de sostenibilidad europeos, no llegó a materializarse.

Aunque el Ejecutivo español intentó en varias ocasiones llevar la propuesta al Parlamento, la falta de apoyos políticos terminó por bloquear su tramitación. El objetivo era eliminar el tratamiento fiscal favorable del diésel, con el argumento de que este combustible tiene un mayor impacto medioambiental que la gasolina. Sin embargo, el rechazo de partidos clave y la sensibilidad social hacia el coste de la energía durante una etapa de inflación elevada contribuyeron a enterrar la medida.

Bruselas ha interpretado este incumplimiento como una falta de voluntad para llevar a cabo una de las reformas estructurales pactadas, lo que ha llevado a congelar cerca de 500 millones de euros adicionales.

Esta decisión de la Comisión Europea envía un mensaje claro: los fondos europeos están condicionados al cumplimiento estricto de los hitos y objetivos pactados con cada país. España ha sido uno de los mayores beneficiarios del Plan de Recuperación y Resiliencia, dotado con 140.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos. No obstante, este recorte marca la primera vez que se aplica una penalización económica por falta de ejecución efectiva de las reformas.

Fuentes comunitarias han recordado que los pagos están sujetos a la evaluación periódica de los compromisos adquiridos y que pueden revisarse al alza o a la baja según el grado de cumplimiento. En el caso español, queda en el aire si el Gobierno intentará subsanar los objetivos incumplidos para optar a recuperar parte de los fondos congelados en futuras solicitudes.

Más allá del impacto económico inmediato, la sanción puede generar un efecto reputacional en Bruselas respecto a la credibilidad de España como socio reformista. Además, esta pérdida puede afectar la financiación de proyectos ya programados en áreas como transición ecológica, digitalización o modernización de la Administración.

Con varios pagos aún pendientes y un calendario europeo cada vez más exigente, el Gobierno se enfrenta ahora al reto de reconducir el cumplimiento de los hitos restantes si quiere asegurar el flujo completo de fondos comprometidos.

Fuente: El País