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MARIO NOGALES

31 Marzo, 2021

Casi la mitad de las multas que se recurren son anuladas

En las últimas dos décadas, la DGT ha puesto alrededor de 70 millones de multas y ha recaudado unos 6.500 millones de euros. Pero la cifra que es más preocupante es el aumento del 122 % en el número de sanciones en este periodo, pasando de poco más de 2,1 millones de multas en 2001 a los casi 4,7 millones de sanciones en 2019. Es cierto que el parque móvil ha crecido, pero no va en proporción, pues solo hay un 42 % más coches en las carreteras. Eso hace que muchos se planteen el afán recaudatorio de este organismo.

Y ahora nos llega una noticia muy llamativa que ha sido desvelada por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Tras realizar un estudio sobre la litigosidad de los conductores frente a las sanciones de tráfico, se han dado cuenta de que casi la mitad de las multas que se recurren son anuladas por los tribunales. Es algo cada vez más frecuente pues entre 2011 y 2016 las sentencias favorables a los conductores, con anulación total o parcial de la sanción, fueron del 35,36 % y ese número se incrementó hasta el 49 % entre 2017 y 2020.

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El caso es que en la pasada década no era muy habitual el recurso de las multas de tráfico. Esto se debió a la reforma operada en la Ley de Seguridad Vial en el año 2009, por la cual se aumentó el descuento por pronto pago al 50 % (antes estaba en un 30 %). Eso hizo que la mayoría de conductores, un 64 % en la actualidad, prefieran pagar con descuento antes que plantear un recurso aunque crean que la sanción es injusta. Pero ahora parece que puede ser interesante recurrir algunas multas, teniendo en cuenta la alta tasa de anulación.

Las multas que más se suelen anular son las referidas a excesos de velocidad, ya que no se está aplicando correctamente el margen de error de los radares. AEA también ha destacado la pérdida de confianza del conductor en la DGT debido a este hecho y a la falta de rectificación a pesar de que los juzgados están manteniendo el mismo criterio sobre el margen de error. De hecho, en algunas sentencias se ha condenado a la Administración a pagar 400 euros de las costas judiciales. Si fuera en todas así, se terminaría ese afán recaudatorio, según AEA.

Fuente: Automovilistas Europeos Asociados

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