
Los centros comerciales van fuera de plazo con los puntos de recarga para eléctricos
Que la infraestructura de recarga para coches eléctricos es una asignatura pendiente en nuestro país está bastante claro. No se ha avanzado al ritmo que se tenía previsto y eso hace que estemos a la cola de Europa en cuanto a penetración del vehículo eléctrico. Tienen que cambiar mucho las cosas para que esta tecnología avance a buen ritmo y sea viable para el gran público. Recientemente se ha revelado que también los centros comerciales van fuera de plazo con su instalación puntos de recarga para eléctricos.
Hay una obligación para este tipo de grandes superficies que dice que tienen que instalar unas dotaciones mínimas de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de más de 20 plazas. Así queda recogido por el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, que entra en vigor con el comienzo de 2023. El caso es que APRESCO (Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales) ya advierte que no se van a conseguir los objetivos fijados, a pesar de su compromiso con la sostenibilidad.

Se estima que los centros comerciales de España aglutinan más de 860.000 plazas de aparcamiento, la mayoría supera esa cifra decretada por la ley para instalar puntos de recarga. Sin embargo, según la normativa, con ese número de plazas les correspondería instalar alrededor de 16.000 puntos de recarga para eléctricos antes del 1 de enero de 2023. Es una cifra que consideran desorbitada, sobre todo teniendo en cuenta que en todo el territorio nacional hay unos 16.500 puntos de recarga públicos. Igualar esa cantidad en tan poco tiempo es una locura teniendo en cuenta las circunstancias.
APRESCO dice que todos los centros comerciales han llevado a cabo ambiciosos planes para incrementar las capacidades de recarga eléctrica, pero dicha normativa es «técnica y materialmente imposible de cumplir». Por eso solicitan un aplazamiento de dos años, teniendo en cuenta que muchos proyectos necesitarán al menos 15 meses y otros se van a ir incluso por encima de los 30 meses. Añaden que España ha sido el único país de la Unión Europea en fijar una fecha límite tan próxima, a pesar de tener unos procedimientos administrativos lentos y complejos que hacen que todo se ralentice.
Fuente: APRESCO
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