¿Tiene sentido quitar los parquímetros? El caso de Ourense y cómo se ha saltado las reglas

Aparcar en el centro de casi todas las ciudades españolas es sinónimo de buscar e ir a pagar en el parquímetro más cercano. La zona azul (o verde) es esa medida que muchos usuarios odian, pero que los expertos en movilidad defienden. El argumento es garantizar que los coches roten en los lugares más concurridos. Por eso, sorprende ver que un ayuntamiento ha acabado con la famosa ORA, la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento. Es el caso de Ourense, que la eliminó a principios de 2026 y todavía nos planteamos si es una genialidad o tendrá repercusiones negativas.

Con la entrada del nuevo año, el alcalde de la ciudad gallega, Gonzalo Pérez Jácome, cumplió una de sus promesas estrella y certificó despedida de los parquímetros después de 30 años presentes. Su argumento principal es que el sistema actual estaba obsoleto y descolocado, ya que gran parte del centro se ha reconvertido progresivamente en zonas peatonales de acceso restringido. Además, las cuentas no cuadraban: el Ayuntamiento estimaba que mantener este servicio generaba más gastos que beneficios a las arcas locales. Necesitaban unas 8.000 multas anuales para que salieran las cuentas.

La teoría del consistorio es que esta medida ayudará a cambiar los malos hábitos de los conductores e incentivará el uso del autobús urbano. Según el plan previsto, las antiguas plazas de pago en superficie se reconvertirán durante el día en zonas de carga y descarga para agilizar el reparto de mercancías, mientras que por la noche servirán como aparcamiento gratuito para dar un respiro a los residentes. Sin embargo, en la práctica, Ourense parece haberse saltado algunas las reglas de la planificación urbana y la oposición ya lo califica como la «ley de la selva».

Al eliminar la barrera económica del pago, la temida falta de rotación es una amenaza muy real, con vehículos que pueden quedarse fosilizados durante horas (o días) en el mismo sitio. El propio alcalde ha llegado a admitir que están navegando a ciegas, reconociendo públicamente que no saben qué va a pasar con exactitud tras esta decisión. La supresión de la ORA de esta forma tan abrupta también ha causado que la empresa concesionaria del servicio, Doal, exija una indemnización de un millón de euros. Son nueve los trabajadores que controlaban los parquímetros y que se fueron a la calle de un día para otro (muchos de ellos, mayores de 50 años).

Por si fuera poco, esta polémica coincide con la inclusión de Ourense en la lista negra del Ministerio de Hacienda por opacidad contable, al no haber remitido a tiempo la documentación de los presupuestos de 2026. El experimento gallego nos deja una lección fundamental: gestionar la movilidad de una urbe tiene complejidad más allá de acabar los con parquímetros. Sin alternativas claras ni planificación previa, encontrar un hueco libre puede pasar de ser un tedioso trámite de pago a convertirse en una misión imposible. Habrá que estar muy atentos para ver si el tiempo le da la razón a esta maniobra, o si Ourense acaba echando de menos a los parquímetros.