¿La pantomima de las ZBE? Sólo funcionan un tercio de las que deberían

Solo una de cada tres ciudades españolas obligadas a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha cumplido con la normativa vigente. Pese a que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Real Decreto 1052/2022 fijaron su obligatoriedad, la realidad muestra un mapa desigual y lleno de retrasos que cuestiona la eficacia del plan. También hablamos anteriormente de la disparidad que aparece entre diferentes lugares, pero ese es tema para otro día.

Según datos recopilados por Velca, a partir de informes del RACE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de los 149 municipios que debían tener operativas estas áreas de restricción al tráfico más contaminante, solo 55 lo han hecho (37 %). En otras palabras: dos de cada tres ciudades están ignorando un mandato legal que debía ser clave en la lucha contra la polución. Y parece que hay varios motivos para que esto suceda.

Una transición verde atrapada en la burocracia

La filosofía de las ZBE es clara: reducir las emisiones en las ciudades más pobladas restringiendo la circulación de vehículos sin distintivo ambiental. Sin embargo, la aplicación práctica se ha convertido en una pantomima regulatoria. La falta de coordinación política, los retrasos administrativos y la ausencia de incentivos efectivos han convertido lo que debía ser una medida estructural en un ejercicio de cosmética medioambiental.

A día de hoy, muchos ayuntamientos optan por aplazar decisiones, suavizar restricciones o aplicar excepciones que vacían de contenido la medida. El resultado es una normativa a medio gas, que ni reduce la contaminación al ritmo prometido ni ofrece certidumbre a los conductores y fabricantes.

Uno de los grandes escollos es la ejecución del Plan Moves III, el programa estatal de ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. En España, los usuarios tardan de media dos años en recibir las ayudas, un plazo que desincentiva la transición hacia el coche eléctrico y que evidencia una maquinaria administrativa ineficaz.

El problema se agrava en diez comunidades —Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y Melilla— que todavía no han desbloqueado los fondos, dejando a los ciudadanos sin acceso a las ayudas. Y en aquellas regiones que sí han habilitado las convocatorias, como Madrid, los fondos públicos se agotaron en cuestión de semanas, abriendo listas de espera interminables.

La paradoja es evidente: se obliga a los ciudadanos a adaptarse a un nuevo modelo de movilidad, pero no se les ofrecen las herramientas ni el apoyo necesarios para hacerlo.

Críticas a un modelo que no arranca

El desfase entre los objetivos anunciados y la realidad sobre el terreno genera un clima de frustración. Mientras Europa avanza con pasos más firmes hacia la movilidad cero emisiones, España se queda atrapada en un bucle de anuncios políticos y promesas incumplidas. Las ZBE, en lugar de ser un motor de transformación, se están convirtiendo en un símbolo de improvisación.

El retraso en la implantación no solo afecta al medioambiente, también a la industria del automóvil, que necesita señales claras y estabilidad normativa para planificar su transición hacia el vehículo eléctrico. Sin una estrategia coherente, fabricantes, concesionarios y conductores se enfrentan a un escenario de incertidumbre que erosiona la confianza en el proceso.

A día de hoy, las Zonas de Bajas Emisiones en España representan más un espejismo que una solución efectiva. Su aplicación fragmentada, la lentitud en la tramitación de ayudas y la falta de decisión política dibujan un panorama donde los objetivos climáticos chocan con la realidad administrativa. Si la lucha contra la contaminación urbana se reduce a planes que nadie cumple en tiempo y forma, las ZBE pasarán a la historia no como una herramienta de cambio, sino como la demostración de cómo convertir una buena idea en una pantomima burocrática.

Fuente: Velca